El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha valorado positivamente la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas por la ampliación de derechos, prestaciones y apoyos que contempla para las personas con discapacidad, en situación de dependencia y las personas mayores. Sin embargo, la entidad advierte de que el verdadero alcance de la reforma dependerá de que existan recursos suficientes para llevarla a la práctica y de que su aplicación no reproduzca las actuales desigualdades territoriales.
Para CEDDD, el éxito de la norma no debería medirse únicamente por los derechos que reconoce, sino por su repercusión en la vida cotidiana de las personas y sus familias. En este sentido, muestra su preocupación porque el incremento de prestaciones y servicios no vaya acompañado de garantías suficientes sobre la financiación necesaria para desarrollarlos de manera homogénea en toda España.
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“Nadie puede estar en contra de ampliar derechos. Nosotros los hemos defendido siempre. Pero cuando aumentan las prestaciones, los servicios y las obligaciones del sistema, también deben aumentar de forma suficiente y estable los recursos económicos para sostenerlos”, señala Mar Ugarte, vicepresidenta de CEDDD. De lo contrario, añade, existe el riesgo de “generar frustración y expectativas incumplidas en miles de familias”.
La organización pone especialmente el foco en algunos de los problemas que continúan afectando al sistema de atención a la dependencia y la discapacidad, como las listas de espera, los retrasos administrativos y las diferencias entre comunidades autónomas. Una situación que puede provocar que dos personas con necesidades similares encuentren respuestas muy diferentes dependiendo de su lugar de residencia. “El código postal no puede seguir determinando la calidad de los derechos. Las desigualdades entre comunidades autónomas y las listas de espera continúan siendo una de las mayores vergüenzas de nuestro país”, denuncia la entidad.
Las propuestas de la CEDDD
Para comprobar si la nueva legislación consigue corregir estas diferencias, CEDDD propone establecer indicadores públicos de cumplimiento y objetivos verificables para las administraciones responsables de su aplicación. Estos mecanismos deberían permitir conocer, entre otras cuestiones, cómo evolucionan los tiempos de tramitación y las listas de espera, cuál es el acceso efectivo a los nuevos derechos y si existe igualdad territorial en las prestaciones.
La entidad considera además necesaria la creación de órganos independientes de control, evaluación e inspección que supervisen periódicamente la aplicación de la ley. Su labor debería abarcar también la calidad de los servicios y el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por las distintas administraciones.
Esta supervisión debería ir acompañada, según CEDDD, de una mayor transparencia. La organización propone publicar periódicamente informes que permitan conocer la situación en cada comunidad autónoma, tanto en el cumplimiento de los plazos legales como en la reducción de las listas de espera y la existencia de posibles déficits estructurales.
La financiación constituye otra de sus principales reivindicaciones. CEDDD reclama una planificación plurianual y finalista que permita sostener los nuevos derechos y adaptar progresivamente la inversión pública a las necesidades del sistema. También vuelve a pedir un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que aporte estabilidad a largo plazo y reduzca las diferencias territoriales con independencia de los cambios políticos.
La ampliación de derechos, advierte la organización, requerirá asimismo contar con profesionales y servicios suficientes para responder al aumento de la demanda. Por ello, considera que reconocer nuevas prestaciones tendrá un efecto limitado si posteriormente las personas no encuentran los recursos necesarios para recibirlas.
Otro de los aspectos que CEDDD quiere preservar durante el desarrollo de la norma es la libertad de elección de las personas y sus familias entre diferentes prestaciones, recursos y modelos de atención. La entidad considera que la aplicación de la ley debe mantener la pluralidad del sistema y permitir que los apoyos puedan ajustarse a las circunstancias y preferencias de cada persona.
Desde CEDDD insisten en que la aprobación de la legislación supone, en realidad, el comienzo de una nueva etapa en la que habrá que comprobar si los cambios normativos producen resultados concretos. “El papel lo aguanta todo. Lo verdaderamente importante es comprobar dentro de uno, dos o tres años si han disminuido las listas de espera, si las diferencias territoriales se han reducido y si las familias reciben realmente los apoyos prometidos”, señala la organización.
“Si eso no ocurre, la ley habrá sido una oportunidad perdida”, concluye CEDDD, que anuncia que mantendrá una labor de seguimiento para reclamar que los derechos reconocidos se conviertan en mejoras medibles para las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia, las personas mayores y sus familias.
