Hoy y ma\u00f1ana tiene lugar la comparecencia del Estado espa\u00f1ol ante el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comit\u00e9 DESC). Este Comit\u00e9 est\u00e1 encargado de supervisar la situaci\u00f3n de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educaci\u00f3n de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado espa\u00f1ol en 1977. Cada a\u00f1o, diversos pa\u00edses acuden ante este comit\u00e9 a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este a\u00f1o, Espa\u00f1a est\u00e1 entre los pa\u00edses examinados.<\/p>\n
Amnist\u00eda Internacional y una coalici\u00f3n de 19 organizaciones,\u00a0entre las cuales se encuetra la Confederaci\u00f3n FEAFES,\u00a0\u00a0representadas por la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Econ\u00f3micos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales presentaron informes ante los miembros del mencionado Comit\u00e9.<\/p>\n
En el curso de este proceso de rendici\u00f3n de cuentas, el Gobierno espa\u00f1ol ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
Las organizaciones de derechos humanos, han aprovechado la ocasi\u00f3n para presentar dos informes alternativos sobre la situaci\u00f3n de los derechos sociales en Espa\u00f1a y han expuesto en persona sus preocupaciones ante los miembros del Comit\u00e9 DESC.<\/p>\n
Todas las organizaciones han coincidido en asegurar que en el Estado espa\u00f1ol los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados.<\/p>\n
Seg\u00fan asegura Marta Mendiola, de Amnist\u00eda Internacional Espa\u00f1a, \u201cvivimos un momento preocupante. No deber\u00edamos permitir que la crisis econ\u00f3mica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que est\u00e1 sucediendo\u201d.<\/p>\n
Por su parte, Ignacio S\u00e1iz, Director Ejecutivo del Centro por los Derechos Econ\u00f3micos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que \u201cMientras la pobreza y la desigualdad est\u00e1n en aumento se recorta el gasto social, afectando as\u00ed derechos b\u00e1sicos como el derecho a la educaci\u00f3n, a la salud y a una vivienda adecuada\u201d.<\/p>\n
Asimismo, Vanesa Vali\u00f1o, directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales impulsados por el gobierno suponen \u201cuna vulneraci\u00f3n del principio de no regresividad\u201d, y se\u00f1ala \u201cla deficiente rendici\u00f3n de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participaci\u00f3n real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia econ\u00f3mica y social\u201d.<\/p>\n
Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las \u00faltimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente\u00a0 en la actual situaci\u00f3n de crisis econ\u00f3mica, cuando los gobiernos deben hacer el m\u00e1ximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales b\u00e1sicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben adem\u00e1s, rendir cuentas sobre las medidas que est\u00e1n empleando, para garantizar estos derechos.<\/p>\n
Preocupaciones de las ONG<\/strong><\/p>\n Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para envitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garant\u00eda de protecci\u00f3n.<\/p>\n Frente a esta realidad, las organizaciones reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.<\/p>\n En lo que respecta al derecho a la salud, tanto f\u00edsica como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se eval\u00fae el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relaci\u00f3n al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios m\u00e9dicos no crean barreras de acceso.<\/p>\n En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupaci\u00f3n ante la reciente reforma sanitaria, con la que s\u00f3lo se prestar\u00e1 atenci\u00f3n sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situaci\u00f3n irregular en caso de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.<\/p>\n Esta decisi\u00f3n supone un retroceso de m\u00e1s de una d\u00e9cada en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situaci\u00f3n de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.<\/p>\n Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y alertan sobre la problem\u00e1tica del desempleo que ya afecta a m\u00e1s de cinco millones y medio de personas.<\/p>\n Manifiestan tambi\u00e9n su inquietud por la falta de adecuada protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de la violencia de g\u00e9nero. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementaci\u00f3n de las leyes existentes.<\/p>\n Adem\u00e1s, el Gobierno debe, en coordinaci\u00f3n con las comunidades aut\u00f3nomas, marcar unos criterios comunes de servicios p\u00fablicos b\u00e1sicos de asistencia a mujeres afectadas porla violencia. En ning\u00fan caso esos m\u00ednimos deber\u00edan verse afectados por las medidas de reducci\u00f3n del gasto p\u00fablico.<\/p>\n Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la discriminaci\u00f3n que sufre la poblaci\u00f3n gitana, el colectivo inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las personas que sufren discriminaci\u00f3n por motivos de g\u00e9nero y edad en el acceso a derechos b\u00e1sicos como la educaci\u00f3n, el empleo, la vivienda.<\/p>\n Una discriminaci\u00f3n que, seg\u00fan la AEDIDH, se debe a dos factores: por un lado, \u201clas v\u00edctimas carecen de informaci\u00f3n sobre las v\u00edas para obtener reparaci\u00f3n y se enfrentan a numerosos obst\u00e1culos en el acceso a la justicia\u201d; por otro, \u201cno existe una pol\u00edtica sistem\u00e1tica de recolecci\u00f3n y seguimiento de datos sobre discriminaci\u00f3n, a pesar de la importancia fundamental que estas herramientas tienen para combatir la discriminaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Las organizaciones han planteado su preocupaci\u00f3n por los significativos recortes financieros a la cooperaci\u00f3n internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecuci\u00f3n de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.<\/p>\n Los informes presentados por las ONG ante el Comit\u00e9 DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constituci\u00f3n (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como aut\u00e9nticos derechos fundamentales), y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparaci\u00f3n por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.<\/p>\n